Noticias y Actualidad • Intervienen 23 toneladas de pesticidas peligrosos para la salud y el medio ambiente
La Guardia Civil ha intervenido más de 23 toneladas de pesticidas que habían sido falsificados y distribuidos en el sector agrícola sin ninguna medida de control y que presentaban una grave amenaza para la salud pública, la flora, fauna y los campos de cultivo.
Según ha informado en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, hay 10 personas detenidas e investigadas en distintas provincias por el uso ilegal de estos productos fitosanitarios (pesticidas ilícitos o falsificados) que eran empleados principalmente en el sector agrícola, pero también en silvicultura y horticultura.
En el marco de la Operación SILVERAXE VII, desarrollada en coordinación con EUROPOL y cuya misión principal es la lucha contra la fabricación, distribución, comercio y uso irregular de medios fitosanitarios, la Guardia Civil ha llevado a cabo un total de 1.084 inspecciones, ha practicado 434 controles y ha detenido e investigado a 10 personas.
Más de 23.000 kilos de productos
Se ha detectado la presunta comisión de 21 infracciones penales, entre las que destacan delitos de falsedad documental, delitos relativos al mercado y los consumidores, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Además, se han detectado 480 infracciones administrativas a las normativas de sanidad vegetal y fitosanitarios, sobre actividades clasificadas y de residuos y vertidos.
Con todo ello, se han aprehendido un total de 23.653 kilos de productos irregulares.
El uso tradicional de los productos fitosanitarios protege los cultivos y plantas contra plagas y con ellos se obtiene un aumento en el rendimiento de la agricultura y se asegura una buena calidad en los alimentos, pero los compuestos químicos que contienen pueden producir efectos adversos sobre los organismos, por lo que requiere de una aplicación controlada.
España es el primer productor de la UE de frutas y hortalizas y encabeza el listado de exportadores de la Unión Europea en el sector hortofrutícola, además de ser uno de los tres primeros a nivel mundial junto a EEUU y China al exportar en torno al 50 % de su producción.
La preponderancia de España en este sector hace que se adopten medidas de seguridad más estrictas y, aunque la comercialización de los productos fitosanitarios es uno de los mercados más regulados, el uso no preceptuado da lugar a los pesticidas ilícitos o falsificados.
Naranjas contaminadas procedentes de Egipto
En este sentido, la Guardia Civil ha informado también de que la Comandancia de Alicante ha desarrollado una investigación que ha culminado con un total de 7 personas y 5 empresas investigadas por la puesta en el mercado nacional de naranjas contaminadas con productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea.
Los cítricos, procedentes de Egipto, contenían sustancias activas prohibidas, por lo que se procedió a la intervención de 20 toneladas de naranjas contaminadas.
Además, los investigados habrían creado facturas y albaranes de compraventa, todo ello de forma ficticia, tratando de convencer a las autoridades de que las naranjas iban a ser retiradas del mercado y se iba a proceder a su destrucción.
Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia
Fruto de las investigaciones realizadas, se practicaron registros en diferentes instalaciones de empresas frutícolas ubicadas en Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia. Con ello se ha desarticulado el entramado de empresas implicadas dirigidas por el importador desde Alicante.
Por otra parte, también se ha investigado a 3 personas y 2 empresas por almacenamiento y comercialización de productos fitosanitarios sin autorización en Soria, lo que supone la presunta comisión de un delito contra la salud pública con sustancias nocivas o productos químicos.
Estos productos no contaban con ningún permiso o autorización para su posterior venta y distribución a los agricultores de la comarca y en el interior de las naves se encontraron almacenados casi 3.940 litros de productos químicos.
Además, se comprobó que las instalaciones no cumplían con las condiciones exigidas por la normativa que regula el almacenamiento de los productos químicos. EFEverde
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